Violencia política, persecución y acceso a la justicia en Cuba

Abstract

Desde la llegada de la revolución en 1959 en Cuba se estableció un modelo político de partido ´único que controla todos los aspectos de la vida socio-política y ha instaurado una superioridad ideológica irrefutable. A partir de ello, se ha evidenciado que la participación activa de quienes piensan en contravía con los lineamientos del partido comunista se convierten en víctimas de represión, persecución, difamación e incluso detenciones, procesamiento penal y sentencias de privación de libertad. Esta situación se ha intensificado a partir del 11 de julio de 2021, en donde se llevaron a cabo masivas movilizaciones en más de 123 puntos, motivadas inicialmente en el municipio de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa11. Dichos escenarios se produjeron a causa de un descontento generalizado del manejo económico del país, de la pandemia del Covid-19 y el reclamo de libertad, símbolo que se llevó en cada uno de los puntos de movilización desde la consigna de “Patria y Vida”. La respuesta a estos escenarios por parte del gobierno actuó en doble vía, la primera en una respuesta directa desde la represión y el uso de la fuerza por medio de los agentes del Estado, acciones que dejaron más de 500012 detenciones arbitrarias, de las cuales un año después seguían procesadas y condenadas cientos de ellas13. . Y en segundo lugar desde una manera indirecta incentivada por el presidente Miguel Díaz-Canel que hizo un llamado a salir a las calles a defender la revolución, acción que ocasionó un enfrentamiento civil entre los manifestantes y aquellos que defendían la posición del gobierno. Hasta la fecha, la organización Justicia 11 ha documentado detenciones a 1812 personas, 768 personas continúan en prisión y 742 han sido juzgadas.14 Por su parte, la lista de Prisoners Defenders contempla un total de 1066 presos políticos en Cuba en la actualidad, al sumar a los anteriores los condenados en situaciones de privación domiciliar de libertad y los presos políticos anteriores y posteriores que no formaron parte de los procesos penales de las manifestaciones del 11J.