Informe Febrero 2022

Abstract

La Constitución de 2019 dispuso la modificación del Código Penal cubano, entre otras normativas que conforman el ordenamiento penal. Luego de varios cambios en el cronograma legislativo, desde 2020 hasta la fecha, finalmente será considerado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022 el anteproyecto de Código Penal.

La lectura primera de este texto legal, aunque recoge modificaciones largamente esperadas por la comunidad jurídica cubana, mantiene y refuerza un fuerte carácter inhibitorio para las múltiples manifestaciones de la protesta social, y por lo tanto cierra una ventana de oportunidad de pensar vías para la canalización de los disensos.

El texto mantiene como tendencia la regulación de tipos penales vagos, aplicables a un amplio espectro de circunstancias, y que desde los organismos de derechos humanos y la sociedad civil tienen un fuerte carácter y propensión a ser utilizados con fines políticos contra opositores como es el desacato o el delito de desórdenes públicos. Adicionalmente, viene marcado por los sucesos de julio de 2021, al incorporar tipificación de acciones u omisiones desde la propia interpretación política del régimen.

En el informe de este mes pretendemos analizar los temas más relevantes del anteproyecto, fundamentalmente en sus aciertos y riesgos para el ejercicio de derechos ciudadanos. Llama la atención, que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con la Consulta Popular del Código de las Familias, la publicación del anteproyecto y su posible aprobación en abril de 2022, han pasado desapercibidas por los medios oficiales, siendo la sociedad civil organizada la que ha colocado en la discusión pública los posibles impactos de esta nueva legislación.

Por otra parte, hacemos una actualización de los avances en el proceso de Consulta Popular del Código de las Familias.